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Hoy en día, con un simple “clic” somos capaces de insertar en nuestra página web o blog fotografías encontradas en Internet, ya sea para hacer su contenido más atractivo o ilustrar un texto.

Sin embargo, es muy frecuente que, para la utilización de estas imágenes, no hayamos contado con la autorización de su titular. Y en muchos casos, no obramos con mala fe sino por desconocimiento de que no podemos utilizar estas fotografías por el mero hecho de que estén disponibles a nuestro alcance. En otros, pensamos que, con citar la fuente y el autor, ya hemos cumplido con nuestras obligaciones legales. ¿Pero es tan sencillo

El web scraping es una técnica informática que permite la extracción automatizada de información de páginas web. De esta definición se desprenden claramente las serias dudas que esta técnica suscita desde el punto de vista del derecho de la propiedad intelectual y de otras ramas jurídicas. Ahora bien, no en todos los casos su utilización implica la infracción de los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Por este motivo es necesario precisar los límites que deben respetarse en su ejercicio, especialmente si tenemos en cuenta que el web scraping puede ser de gran utilidad para numerosas aplicaciones perfectamente legítimas.

¿Cuál ha sido la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

El pasado día 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó en el asunto C-311/18 la sentencia conocida como Schrems 2, con graves repercusiones para la transferencia internacional de datos personales a Estados Unidos.

En ella el Tribunal de Justicia invalida, con efectos inmediatos, el llamado Escudo de Privacidad (Privacy Shield), que no es más que el marco legal que permitía las transferencias internacionales a EE.UU., pero únicamente a aquellas entidades norteamericanas adheridas y que cumplieran los principios de ese esquema de seguridad, al amparo de la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1250 de la Comisión, de 12 de julio de 2016.

En anteriores entregas de esta serie de artículos nos hemos ocupado de la forma jurídica que puede adoptar un negocio digital, y de cómo distinguirlo de sus competidores a través de la marca y el nombre de dominio (parte 1); e igualmente, de las exigencias en materia de protección de datos y derecho digital que deben satisfacerse al emprender un negocio digital (parte 2).

Sin embargo, aún resta una cuestión importante por tratar: la protección jurídica del software. Muchos negocios digitales se construyen en torno a aplicaciones que pueden ser descargadas por los usuarios. Estos programas, cuyo desarrollo supone inversiones considerables, constituyen en muchos casos uno de los activos principales de la empresa. De ahí la necesidad de darles una protección jurídica adecuada.

Compartimos nuestro artículo en La Vanguardia, de 25.04.2020, sobre patentes y licencias obligatorias en relación a una posible vacuna contra la COVID-19. Léelo entero aquí.